sábado, 23 de noviembre de 2024

Despidos disciplinarios: ¿Está tu empresa preparada para cumplir con la nueva exigencia del Tribunal Supremo?

La reciente sentencia del Tribunal Supremo cambia las reglas. Descubre cómo evitar errores que podrían salir muy caros.

Recientemente, el Tribunal Supremo TS ha emitido una sentencia que redefine las reglas del despido disciplinario en España. Este fallo introduce un requisito que hasta ahora no había sido abordado con suficiente claridad en la legislación laboral: la obligación de garantizar al trabajador una audiencia previa antes de proceder al cese. La decisión, fundamentada en la aplicación directa el artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por España, busca fortalecer el derecho de defensa del trabajador y alinear la normativa nacional con los estándares internacionales.

Sin embargo, la sentencia ha generado confusión y preocupación entre las empresas. La ausencia de una regulación jurídica que describa cómo debe cumplirse este procedimiento, que acarrea inseguridad jurídica y un impacto económico potencial, pone en jaque a muchas organizaciones, especialmente aquellas con procedimientos informales o carentes de asesoramiento legal preventivo, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante demandas por despidos improcedentes. ¿Cómo pueden las empresas cumplir con este nuevo requisito sin comprometer su capacidad de respuesta en casos graves? Este artículo intenta explorar los efectos de la sentencia, los problemas que plantea y posibles soluciones para afrontarlos.

¿En qué consiste la sentencia?

La sentencia del Tribunal Supremo tiene como objetivo garantizar el derecho de defensa del trabajador y prevenir despidos arbitrarios, así como asegurar que las decisiones disciplinarias sean justas y fundamentadas. Esto se traduce en la exigencia de que el empleador convoque al trabajador a una audiencia previa donde pueda exponer su versión de los hechos y rebatir las acusaciones, antes de despedirlo, ya que la ausencia de este procedimiento convertiría el despido en improcedente (incluso en el caso de que haya razones suficientes para justificar el despido disciplinario).

Problemas y retos que plantea la sentencia

El principal problema que vemos en la sentencia es la ausencia de una regulación jurídica específica que formalice el trámite de la audiencia. Y es que, aunque la sentencia exige cumplir el trámite previo de audiencia exigido por la normativa de la OIT, ni el Estatuto de los Trabajadores ni alguna otra normativa laboral específica regulan cómo debe desarrollarse este procedimiento. Esta carencia genera dudas esenciales, tales como: ¿Debe ser formal y por escrito o la audiencia podría ser breve y verbal? ¿Cuál es el plazo razonable para convocar la audiencia y para valorar los argumentos del trabajador? ¿Debe entregársele alguna documentación al trabajador (escrito de cargos, pruebas, etc.)? ¿Debe haber presencia de representantes sindicales o testigos? Esta laguna jurídica aumenta el riesgo de que las empresas, aún queriendo cumplir con el trámite, no lo cumplan acertadamente por desconocimiento o errores en la aplicación.

Lo anterior se complica por el desconocimiento y falta de preparación en la mayoría de las empresas, que no están preparadas para implementar súbitamente este trámite y que carecen de sistemas o protocolos formales para gestionar este tipo de procedimientos. En sectores con alta rotación de personal, en pequeñas empresas o en negocios familiares, es común que los despidos se realicen de manera verbal o menos formal, y esta exigencia sobrevenida e intempestiva las expone a reclamaciones de improcedencia.

Los dos factores anteriores se traducen en inseguridad jurídica. Si además de la escasa preparación, no se cuenta al menos con un procedimiento jurídico claro, crece aún más el ambiente de incertidumbre para las empresas, que desconocen cuándo la audiencia será considerada válida o suficiente y temen cometer errores en el despido y que, por esto mismo, puede conllevar decisiones conservadoras, como evitar despidos a pesar de conductas graves, para evitar litigios costosos.

Esto último crea el dilema entre audiencia previa y rapidez en casos graves. En casos de indisciplina grave, fraude o conductas que requieran una actuación inmediata, el requisito de audiencia previa podría dificultar una respuesta ágil ya que trámite podría convertirse, o ser convertido, en una traba para situaciones donde la continuidad del trabajador supone un riesgo para la empresa, como uso indebido de información confidencial, pérdida de confianza por acciones fraudulentas o violencia o acoso laboral (en cuyo caso podría acudirse teóricamente a la excepción contemplada en el propio Convenio de la OIT, pero sin certeza jurídica de que se esté haciendo lo correcto). Las empresas enfrentan en estos casos un dilema entre actuar con rapidez y cumplir con el trámite formal de la audiencia, lo que podría llevar a judicialización de casos donde las empresas prioricen decisiones rápidas, pero luego enfrenten demandas por improcedencia.

Demás está decir que todo esto tiene un impacto económico por aumento de demandas e indemnizaciones. La declaración de improcedencia por falta de audiencia previa supondrá una carga económica directa para las empresas, al tener que elegir entre readmitir al trabajador, aunque la relación esté deteriorada, o pagar una indemnización por improcedencia, normalmente mayor que la establecida para despidos objetivos o disciplinarios justificados.

¿Cómo atenuar los riesgos?

Para mitigar los riesgos señalados, al menos mientras se aprueba alguna normativa específica, es conveniente:

  • Diseñar protocolos internos. Es conveniente que las empresas prestablezcan algún procedimiento para la audiencia previa, incluyendo cómo se documenta la notificación o la imputación, convocatorias razonables y registro de declaraciones. Esto reduce el margen de error y garantiza el cumplimiento normativo.

  • Capacitación en Derecho laboral. Formar a los gerentes y a los responsables de recursos humanos en la gestión de conflictos laborales y en las implicaciones de la sentencia es clave para prevenir errores que puedan derivar en litigios.

  • Asesoramiento jurídico preventivo. Contar con alguien experto que revise contratos, políticas internas y estrategias disciplinarias permite anticipar riesgos y adaptar las prácticas a los nuevos requisitos legales.

  • Resolución alternativa de conflictos. Implementar sistemas de mediación interna puede ayudar a resolver disputas antes de llegar al punto del despido, promoviendo un entorno laboral más estable.

  • Digitalización de procesos. Herramientas tecnológicas que permitan registrar y almacenar las audiencias previas aportan transparencia y trazabilidad, minimizando el riesgo de incumplimientos.

En conclusión,

La sentencia del TS introduce un cambio profundo en la gestión de los despidos disciplinarios, fortaleciendo los derechos de los trabajadores pero también imponiendo mayores exigencias a las empresas. Esta medida plantea retos considerables en términos de seguridad jurídica, costes operativos y agilidad en la toma de decisiones, por lo que las empresas deben adaptarse proactivamente a este nuevo escenario.

Si necesitas apoyo para implementar estos cambios o evaluar cómo afectan a tu organización, no dudes en contactarme para una consulta personalizada. Este es el momento de convertir este desafío en una oportunidad para optimizar tus procesos.

En Vigo, el 23 de noviembre de 2024.


miércoles, 30 de octubre de 2024

¿Está en riesgo tu privacidad con la Directiva UE de Transparencia Salarial?

Descubre cómo la Directiva Europea de Igualdad Salarial podría afectar tu derecho a la intimidad y cambiar la dinámica en el entorno laboral.

La Directiva (UE) 2023/970, que entra en vigor en 2026, exige transparencia salarial para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Aunque la medida busca reducir la brecha salarial de género, plantea un dilema: ¿puede esta transparencia vulnerar el derecho a la privacidad de los trabajadores en el sector privado? La conciliación entre ambos valores —igualdad y privacidad— es fundamental para comprender los efectos de esta normativa.

La Directiva (UE) 2023/970 se fundamenta en el principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, uno de los valores esenciales de la Unión Europea. En esencia, la normativa exige que todas las empresas de la UE cumplan con medidas específicas para asegurar que los salarios no presenten diferencias injustificadas por razones de género. Entre estas medidas se incluyen la obligatoriedad de publicar la banda salarial en los procesos de selección y el derecho de los trabajadores a solicitar a las empresas que aporten información sobre su nivel retributivo individual y sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, para las categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo, lo que eventualmente les permitirá conocer los salarios de sus compañeros que realizan un trabajo similar. Aunque las empresas pequeñas (de menos de 100 trabajadores) tendrán más tiempo para adaptarse, todas las empresas con más de 100 empleados deberán implementar estas medidas sin excepción.

El objetivo primordial de esta Directiva es promover una transparencia que favorezca la igualdad de género en el ámbito salarial, buscando reducir la brecha salarial histórica entre hombres y mujeres. Este bien jurídico –la igualdad retributiva– es el eje de la Directiva y la razón por la que se establecen mecanismos estrictos de cumplimiento. Sin embargo, surgen interrogantes sobre el equilibrio entre este bien jurídico y el derecho individual a la privacidad, que también es un derecho protegido en el ámbito europeo.

Dos empresarios, enterados de la Directiva, me consultaron recientemente por la posibilidad de que este deber de transparencia salarial afecte la privacidad de sus empleados. Del mismo modo, el directivo intermedio de una mediana empresa me expresó su incomodidad ante la idea de que sus colegas puedan conocer su salario exacto. Aunque es partidario de la igualdad salarial, teme que su información salarial pueda ser empleada indebidamente o que afecte sus relaciones profesionales. Estas preocupaciones reflejan la complejidad de implementar esta Directiva en la práctica.

La transparencia salarial puede percibirse como una restricción al derecho de privacidad de los empleados y la cuestión principal radica en si esa restricción es justificada y proporcionada. Desde una perspectiva de derechos fundamentales, toda limitación debe ser cuidadosamente evaluada, especialmente en un ámbito tan sensible como la información salarial, que revela aspectos personales y profesionales. Aunque la Directiva persigue un fin aparentemente loable, obligar a las empresas a que divulguen salarios en ciertos casos corre el riesgo de ser percibida como una invasión de la privacidad, si no se define claramente quién accede a estos datos y con qué objetivo. Esto es especialmente relevante en el ámbito privado, donde la transparencia podría desincentivar la competencia y la negociación salarial, elementos que son fundamentales para el desarrollo individual y profesional. Alternativas como auditorías salariales o controles internos pueden proteger la igualdad sin comprometer la privacidad individual, y propiciar una transparencia que no afecte el derecho a la intimidad.

En el análisis jurídico, la proporcionalidad es un principio esencial para medir la legitimidad de cualquier medida que limite derechos fundamentales. La proporcionalidad implica que las medidas sean estrictamente necesarias y que se apliquen bajo condiciones de confidencialidad. En el sector público, donde la transparencia es un principio fundamental, la revelación de salarios se considera menos intrusiva. Sin embargo, en el sector privado, donde los salarios pueden reflejar méritos individuales, forzar la revelación sin matices puede dar lugar a conflictos y malentendidos. En este contexto, una transparencia equilibrada implica respetar la confidencialidad en la medida de lo posible, permitir a los empleados decidir sobre la divulgación de su salario, mantener la confianza y evitar tensiones innecesarias. Esta perspectiva permite preservar el derecho a la privacidad sin comprometer el esfuerzo por reducir la desigualdad salarial.

La Directiva (UE) 2023/970 puede que sea un paso hacia una Europa más igualitaria y transparente en materia salarial, pero su implementación plantea desafíos significativos en cuanto a la privacidad individual. La igualdad salarial entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental que merece ser promovido; pero es crucial que las medidas para alcanzarlo no vulneren otros derechos igualmente importantes, como el derecho a la intimidad, ni que este loable propósito sea el pretexto para crear nuevos problemas.

Mi recomendación a las empresas es evaluar sus políticas internas y explorar opciones que permitan conciliar estos dos valores. La privacidad salarial no debe ser vista como un obstáculo a la igualdad, sino como un derecho que debe preservarse con el mismo rigor con el que defendemos la equidad. Al final, es posible promover la igualdad y, al mismo tiempo, respetar el derecho de cada individuo a decidir qué aspectos de su vida personal desea compartir.

¿Qué opinas sobre esta Directiva? ¿Crees que la transparencia salarial debería ser obligatoria en el sector privado? Comparte tus ideas en los comentarios y contribuyamos juntos a este debate crucial

Si tienes dudas sobre cómo la Directiva (UE) 2023/970 puede impactar a tu empresa o quieres asesoría en la implementación de medidas que protejan tanto la igualdad como la privacidad, no dudes en contactarme. Juntos podemos explorar estrategias para asegurar el cumplimiento sin comprometer los derechos individuales.

En Vigo, el 29 de octubre de 2024.

miércoles, 16 de octubre de 2024

¿Estás Calculando Bien el Coste-Comida?

Evita Estos Errores Comunes en Restauración



Una de las preguntas más frecuentes que recibo como consultor en el sector restauración es si se deben incluir gastos como la renta o el alquiler dentro del cálculo del precio de cada plato. La respuesta corta es no. Y aquí te explico por qué.

Entendiendo el margen de contribución unitario:
el
coste-producto como único protagonista

Cuando calculamos el precio que debe tener un plato, el único factor que debemos analizar para determinar el margen de contribución unitario es el llamado food cost o coste-producto. Este término hace referencia únicamente al costo de los ingredientes empleados en la preparación del plato, es decir, el costo de lo que literalmente va en el plato del cliente.

Por lo general, el coste-producto debería representar entre el 20% y el 40% del precio del plato. Un coste producto de entre 20% y 25% puede parecer lo ideal, de hecho lo es, ¡pero cuidado! Puede que tus precios estén por encima de la competencia y estés perdiendo competitividad. En el otro extremo, un coste-producto de entre 35% a 40% puede conllevar una estructura financiera ajustada y afectar sensiblemente tu rentabilidad (según sea la cantidad de veces que ese plato de la carta ha sido vendido). Lo ideal es mantener un coste-producto que se aproxime al 30% para asegurar un equilibrio entre rentabilidad y competitividad en el mercado.

¿Por qué la renta o alquiler no debe incluirse en el coste-producto?

Uno de los errores más comunes es incluir la renta del local en el costo directo de cada plato. Sin embargo, la renta es un gasto fijo del restaurante que, como tal, es constante independientemente de cuántos platos se vendan o cuánto cueste cada uno. La renta debe analizarse por separado, como parte de la estructura de costes fijos del negocio (que tiene su propio criterio de razonabilidad).

Añadir la renta al cálculo del coste directo del plato solo complicaría las cosas porque se estaría distribuyendo un gasto fijo en algo que debería tener una lógica variable, como el costo de los ingredientes.

¿Qué ocurre con la mano de obra o la nómina?

La mano de obra es otro elemento que algunos incluyen erróneamente en el cálculo del coste directo. Aunque a primera vista parece razonable incluir el tiempo que el personal emplea en la preparación del plato como un coste directo, la realidad es que no hay una forma precisa de cuantificar cuánto cuesta preparar cada burger, burrito o cualquier otro plato.

Al igual que la renta, la mano de obra es un gasto fijo cuyo importe varía en función de otros factores y que tiene su propio criterio de razonabilidad, pero que en ningún caso debe considerarse dentro del coste-producto. El salario del personal, incluido el de los socios o propietarios (que deben tenerlo, si trabajan en el restaurante), tiene un impacto importante en la estructura de costes global del restaurante, pero no en el coste directo del producto que sirves.

La importancia de separar los gastos

Es crucial entender que no todos los gastos en un restaurante deben repercutir directamente en el precio de un plato. Los gastos fijos como la renta y la nómina deben considerarse por separado en la estructura de costes, mientras que el coste-producto es el único elemento relevante a la hora de calcular el margen de contribución unitario de cada plato.

Mantener esta distinción clara permitirá al emprendedor gestionar mejor las finanzas de su restaurante y asegurarse de que los precios están alineados con la rentabilidad deseada. Además, evitará cometer errores que puedan afectar la competitividad del negocio.

Conclusión: Enfócate en lo que puedes controlar

Como emprendedor en el sector restauración, entender las diferencias entre gastos fijos y costes variables es esencial para mantener un negocio rentable y competitivo. Recuerda que la renta y la mano de obra no deben formar parte del cálculo del coste-producto, porque no están directamente relacionados con lo que va en el plato. Enfócate en lo que sí puedes controlar: los ingredientes. Y mantén tu coste-producto alrededor del 30% para asegurar un equilibrio saludable en tu restaurante.

¿Tienes alguna duda sobre la estructura de costes en tu restaurante?

¡Deja aquí tus comentarios y podemos verlo en un próximo post! También puedo ayudarte a optimizar tu negocio. Solicita una asesoría personalizada ahora.

En Vigo, el 16 de octubre de 2024.


miércoles, 2 de octubre de 2024

La prevención de los carteles en la contratación pública

 

En los últimos años, la contratación pública en España ha sido objeto de constantes reformas con el objetivo de asegurar procesos más transparentes y competitivos. En mi reciente publicación, "La prevención de los carteles en la contratación pública", que forma parte del primer número del Anuario Iberoamericano de Buen Gobierno y Calidad Democrática, abordo un tema fundamental para el fortalecimiento del buen gobierno: la lucha contra la colusión en los procesos de licitación pública.

La colusión entre oferentes, también conocida como "carteles", es una práctica en la que las empresas se ponen de acuerdo para manipular los resultados de una licitación, generalmente elevando los precios o limitando la competencia. Esto no solo daña el principio de igualdad entre los competidores, sino que genera un impacto negativo en el gasto público y en la eficiencia de los proyectos financiados con fondos estatales.

En mi análisis, propongo reflexionar sobre las limitaciones históricas del marco normativo en España y los avances introducidos por la actual Ley de Contratos del Sector Público. Para ello, trato los siguientes asuntos:

Las deficiencias de la antigua normativa

Hasta la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, la normativa española presentaba limitaciones claras para prevenir eficazmente la colusión. La Disposición Adicional 23ª del anterior Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no ofrecía mecanismos sólidos para que los órganos de contratación pudieran excluir a los oferentes coludidos. Este vacío legal dejaba el control en manos de las autoridades de competencia, que solo intervenían a posteriori, una vez que los daños ya estaban hechos.

Nuevos mecanismos de control

La Ley vigente, sin embargo, ha introducido herramientas más robustas para enfrentar estos retos. Ahora, los órganos de contratación cuentan con facultades más amplias para detectar y excluir a los participantes coludidos desde el inicio del proceso, mejorando así la prevención antes de que se produzcan efectos negativos.

Prácticas colusorias más comunes

Entre las conductas colusorias que se describen en el artículo, se destacan las ofertas concertadas, el reparto de zonas de actuación y las licitaciones rotatorias, entre otras. Estas prácticas siguen siendo un reto para el Derecho administrativo y requieren una intervención activa para ser prevenidas.

Evaluación de los avances legislativos

A pesar de los avances en la Ley, mi análisis revela que aún existen áreas que necesitan ser fortalecidas, especialmente en lo que respecta a la coordinación entre los órganos de contratación y las autoridades de competencia. Una regulación más proactiva podría evitar que los oferentes coludidos tengan la oportunidad de participar y manipular las licitaciones desde el principio.

Reflexión final:
Un desafío constante para la contratación pública

Mi investigación subraya que, aunque la actual Ley de Contratos del Sector Público ha introducido importantes mejoras en la prevención de carteles, todavía quedan desafíos por superar. El papel de los órganos de contratación es crucial en la detección temprana de comportamientos colusorios y en la exclusión de aquellos actores que intentan manipular el sistema. Sin embargo, la colaboración con otras entidades reguladoras y un enfoque multidisciplinar son claves para que estas reformas logren su propósito.

Mi artículo no solo pretende describir los avances y limitaciones de la ley, sino también iniciar un debate más amplio sobre la importancia de garantizar la transparencia y la equidad en los procesos de contratación pública.

Si deseas profundizar en los detalles de este análisis y explorar las soluciones que propongo, te invito a leer el artículo completo aquí.

En Vigo, el 2 de octubre de 2024.


domingo, 8 de septiembre de 2024

El Exilio de Edmundo González: Impactos y Oportunidades


Hago un 'paréntesis' para comentar, por su relevancia para mi país, el reciente exilio de Edmundo González Urrutia [EGU], líder opositor venezolano y ganador de las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, lo cual marca un giro significativo en la crisis política de Venezuela. Su salida del país, aparentemente facilitada por una operación diplomática liderada por España, propone preguntas sobre el futuro de la oposición, el papel de la comunidad internacional y la continuidad del régimen de Nicolás Maduro. La presente entrada de blog es, con el conocimiento que tenemos a través de los medios, un análisis 'relámpago' de los efectos que tiene este exilio en la dinámica política venezolana, sus implicaciones a nivel global y cómo la oposición, ahora más liderada por María Corina Machado, puede gestionar esta compleja situación.

1. Impacto del exilio en la política de Venezuela

El exilio de EGU puede simbolizar un retroceso para la oposición, que 'saca' al ganador oficial de la contienda electoral y fortalece la posición del régimen Maduro, quien logra deshacerse de su contendiente sin haber mostrado todavía las actas que validarían los resultados de los comicios. Además, refuerza el ciclo de represión chavista, que ha encontrado en la judicialización y persecución política un instrumento clave para neutralizar a sus adversarios. Se plantean al menos tres cuestiones:

¿Qué futuro le espera a la oposición venezolana
sin la presencia física en Venezuela del 'presidente electo' ?

Históricamente, la fragmentación y la persecución de líderes opositores han debilitado las capacidades de movilización en contextos autocráticos. Sin embargo, hay también ejemplos históricos de que cuando un líder opositor es forzado al exilio o es detenido, su ausencia no necesariamente implica el fin de la resistencia, sino que puede abrir un espacio para la creación de coaliciones más amplias y cohesionadas. La oposición venezolana necesita fortalecer la estrategia unificadora, evitar las fracturas internas y aprovechar la legitimidad ganada en el ámbito internacional. La experiencia histórica sugiere que el fortalecimiento de un liderazgo colectivo puede ser clave en este contexto, donde la represión es alta y las divisiones dentro del gobierno autoritario son aún latentes.

¿Cómo afectará esto la estrategia de la oposición?

El exilio de EGU posiciona aún más a MCM como la principal figura visible y articuladora de la coalición. Con la debilidad de que al no haber competido en las elecciones por su inhabilitación, no es el 'presidente electo'. La estrategia de MCM y EGU, ahora que él está fuera de Venezuela y goza de libertad de movimiento, puede irse a fortalecer la coalición opositora y las alianzas tanto dentro como fuera de Venezuela, algo que otros líderes históricos lograron eficazmente durante su exilio. Además, toca mantener una comunicación efectiva con la comunidad internacional ya que la legitimidad del régimen Maduro sigue en cuestión. En términos electorales, la coalición opositora puede verse impulsada si logra capitalizar el exilio de EGU como una prueba más del autoritarismo del régimen y como una llamada de atención para la unidad opositora.

¿Esta acción refuerza o debilita el
régimen Maduro ante sus seguidores?

El exilio de EGU puede ser visto de dos formas dentro del madurismo. Por un lado, el régimen podría presentarlo como una victoria al haberlo neutralizado sin necesidad de una confrontación directa. Lo que reforzaría la narrativa autoritaria de control total sobre el aparato judicial y de seguridad. Sin embargo, en regímenes autoritarios las victorias basadas en represión no necesarialmente son sostenibles a mediano o largo plazo.

Pero, por otro lado, al permitir el exilio de EGU, Maduro también expone una debilidad: su incapacidad para silenciar totalmente a la oposición y para imponer el 'castigo total' que prometió. Esto puede provocar descontento entre los seguidores más radicales del madurismo, quienes ven en cada concesión una traición a los principios del régimen. La narrativa de 'resistencia' que ha sostenido a Maduro podría empezar a erosionarse si se percibe que el gobierno no controla completamente el escenario político.

2. Impacto del exilio en el contexto internacional

El papel de España y otros actores internacionales resalta el delicado equilibrio entre facilitar o respaldar la salida de un opositor y evitar reconocer su victoria electoral, una línea que España ha mantenido cuidadosamente. La postura de no reconocer a Maduro pero tampoco a González Urrutia como presidente legítimo, refleja la cautela de la Unión Europea frente a un posible conflicto diplomático mayor. Se plantean las siguientes cuestiones:

¿Qué implicaciones tiene en la política exterior de España y la UE?

Conceder asilo político a EGU envía un mensaje claro sobre la postura de la Unión Europea respecto a la crisis política en Venezuela. La UE, que no ha reconocido los resultados de las elecciones presidenciales, refuerza su postura de rechazo a la falta de transparencia en los comicios y las violaciones de derechos políticos bajo el régimen Maduro. Fortalece la alineación de los países europeos en defensa de los derechos humanos y las garantías democráticas, lo que implica una continuidad en las sanciones y presiones diplomáticas sobre Venezuela. Sin embargo, la UE también busca mantener abiertos canales de diálogo, tal como lo ha hecho en otros contextos de crisis, y esta acción podría complicar cualquier intento de acercamiento diplomático con el régimen Maduro.

¿Cómo reaccionarán actores internacionales como
Estados Unidos, Rusia o China ante la situación?

Estados Unidos probablemente verá la concesión de asilo como una validación de su propia postura hacia el régimen Maduro, que ha sido similar a la de la UE en cuanto al no reconocimiento de los resultados electorales. La administración estadounidense podría intensificar su apoyo a la oposición venezolana, que empleará el asilo de EGU podría ser utilizado por EEUU como una confirmación de la falta de democracia en Venezuela, para reafirmar la necesidad de sanciones y presiones diplomáticas adicionales.

Rusia y China, en cambio, continuarán respaldando al régimen Maduro. Para ambos países, Venezuela es un aliado estratégico en la región, especialmente en términos de recursos naturales y geopolítica. Es probable que interpreten el asilo como una intervención occidental en los asuntos internos de Venezuela, una narrativa que tanto Rusia como China han utilizado en el pasado para justificar su apoyo a Maduro. Aunque no es probable que alteren su postura, estos países podrían criticar a la UE y a EEUU por lo que perciben como interferencia en la soberanía venezolana.

¿Cómo reaccionarán actores internacionales

como Brasil o Colombia ante la situación?

Lula da Silva ha jugado un papel relevante en la región como promotor del diálogo con el régimen Maduro, alejándose de la política más confrontativa que había mantenido su predecesor Jair Bolsonaro. Lula ha optado por una estrategia de 'no aislamiento' de Venezuela y abogado por una solución negociada. Pero la negativa a exhibir las Actas electorales y ahora el exilio forzado de EGU podría poner a prueba la viabilidad de esa estrategia diplomática. Por un lado, Lula se verá presionado para no ser percibido como un facilitador de un régimen represivo. Por otro lado, podría seguir defendiendo que el diálogo es el único camino viable para resolver la crisis, evitando condenar de manera directa a Maduro por la represión política, con el objetivo de mantener su papel de mediador. O sea, para Brasil este evento tensiona la estrategia de Lula y su capacidad para mantener una posición 'intermediaria' que sea aceptable tanto para la oposición venezolana como para el régimen Maduro. Si la represión se intensifica Lula podría verse obligado a reconsiderar su enfoque y endurecer su postura ante Maduro, algo que afectaría sus gestiones diplomáticas en la región.

Gustavo Petro en Colombia también ha priorizado el diálogo, en contraste con la política de aislamiento que había mantenido el expresidente Iván Duque. Petro ha normalizado relaciones diplomáticas con Venezuela y ha promovido un enfoque de 'no intervención' directa en los asuntos internos venezolanos. Sin embargo, el exilio forzado de EGU representa un desafío para Petro, quien se autodefine como defensor de los derechos humanos y la democracia. Si Petro no condena abiertamente el exilio, podría ser criticado tanto dentro como fuera de Colombia por apoyar implícitamente a un régimen que viola esos principios. Al mismo tiempo, Petro necesita mantener el canal abierto con el régimen Maduro para avanzar en cuestiones bilaterales como el 'proceso de paz', la estabilidad en la frontera compartida y la gestión de la crisis migratoria. Para Colombia el dilema es complejo ya que el 'contexto regional' y la fuerte presencia de migrantes venezolanos hacen que cualquier escalada represiva en Venezuela tenga consecuencias directas para su política interna y externa.

En síntesis, el exilio forzado de EGU podría impulsar a Brasil y Colombia a reconsiderar su enfoque y alentar una 'postura más firme' en defensa de la democracia en Venezuela. La cooperación entre ambos países será clave para determinar si continúan promoviendo el diálogo o si adoptan medidas más duras ante el régimen Maduro, lo cual tendría importantes implicaciones en la dinámica regional y la 'credibilidad de sus políticas exteriores'. Mientras buscan mantener la estabilidad regional y relaciones diplomáticas con Venezuela, tendrán que equilibrar la defensa de los derechos humanos con sus objetivos geopolíticos. La gestión de este desafío podría determinar el éxito de sus estrategias hacia Venezuela y su papel como mediadores en la crisis.

3. Impacto del exilio en la política doméstica española

El Partido Popular ha cuestionado que facilitar el exilio de EGU sin reconocerlo como presidente electo es una concesión al régimen Maduro. Esta cuestión será una pieza más de la disputa interna en España y revela las tensiones que hay en la política española respecto a la política exterior hacia Venezuela. Se plantean varias cuestiones:

¿Puede el gobierno de Pedro Sánchez mantener su enfoque
de neutralidad sin generar una mayor polarización interna?

El gobierno de Sánchez está caminando sobre una línea delicada al intentar mantener un enfoque neutral en la crisis venezolana. Aunque dará asilo a EGU, ha evitado reconocerlo oficialmente como presidente electo de Venezuela, alineándose con la postura de la UE que no valida el resultado electoral de Maduro pero tampoco reconoce a su opositor sin más evidencia concluyente.

Para Sánchez el desafío es mantener una postura que sea coherente con la diplomacia europea, que evita tomar decisiones precipitadas sobre el reconocimiento de líderes en contextos tan frágiles. Si bien esto le permite actuar con cautela en la esfera internacional, internamente puede verse como una falta de apoyo claro a la causa democrática en Venezuela, lo que será explotado por el PP. La clave para Sánchez será manejar el discurso y explicar que el asilo no implica un reconocimiento político total, sino una medida humanitaria. Aun así, será difícil evitar que esta postura se traduzca en mayor polarización interna, especialmente si el PP lleva el debate al Congreso, como ya se anunció.

¿Qué efectos tendrá en la percepción pública del rol
de España como mediador en conflictos internacionales?

El asilo refuerza la percepción de España como un país que defiende los derechos humanos y ofrece protección a los perseguidos políticos, lo cual fortalece su reputación como refugio para disidentes y un facilitador en la resolución de crisis. Sin embargo, al no reconocer formalmente a EGU como presidente electo, España corre el riesgo de que algunos sectores lo vean como insuficientemente firme en su defensa de la democracia en Venezuela, lo cual puede empañar su papel de mediador ante una parte de la comunidad internacional. Aun así, es probable que muchos vean esta postura como pragmática, dado que un reconocimiento pleno podría limitar la capacidad de España para actuar como un puente entre diferentes partes en el conflicto.

4. Escenarios o desenlaces planteados

Estos parecen ser los tres escenarios más plausibles:

Incremento del Autoritarismo

El régimen Maduro podría aprovechar el exilio de EGU como una victoria simbólica para incrementar su control sobre el país, lo que implicaría aún más represión y más severa, incluyendo la persecución a otros líderes opositores y el cierre de cualquier espacio de negociación o disidencia. La maquinaria del régimen se mantendría unida y usaría tácticas de distracción (como la convocatoria anticipada de la Navidad o campañas mediáticas) para desviar la atención de la crisis interna. En este escenario, Maduro consolidaría su poder y dependería del apoyo de aliados estratégicos como Rusia, China, Irán y Turquía, mientras continúa evitando sanciones adicionales o intervenciones más agresivas de la comunidad internacional.

Escenario de Resistencia Opositora

La oposición venezolana podría reorganizarse y movilizar a sus bases para incrementar la presión interna y aprovechar el creciente descontento popular. Al mismo tiempo, la UE, EEUU, la OEA y el resto de países alineados, podrían aumentar las sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen Maduro para intentar aislarlo tanto económica como políticamente. Este escenario podría generar mayor 'inestabilidad interna', aunque el régimen se sostendría al menos en el corto plazo. La represión seguirá siendo una herramienta clave para sofocar el descontento pero la creciente insatisfacción podría derivar en una nueva ola de protestas masivas o en algún tipo de fractura dentro del régimen.

Escenario de Negociación y Transición Pactada

No obstante lo visto, en política puede siempre surgir un espacio para una negociación política, que no será resultado de la benevolencia del régimen, eso no puede esperarse. Sería una negociación impulsada al mismo tiempo por la presión internacional, alguna fractura en el régimen y su debilidad estructural en términos económicos y sociales. En este escenario, podría surgir una plataforma de diálogo más robusta que las anteriores, con participación de actores internacionales. Una transición pactada podría incluir una amnistía para ciertos actores del régimen y la participación de sectores moderados del madurismo en el nuevo gobierno de transición. Desde luego, es el escenario más complejo de lograr pero también el único que podría conducir a una solución pacífica y estable a largo plazo.

5. ¿Cómo puede gestionarse la crisis en la oposición?

Si algo ha mostrado la oposición venezolana liderada por MCM ha sido entereza, prudencia y sabiduría para gestionar la resistencia frente al régimen y conducir el proceso hasta donde se ha llegado hoy. Aún a riesgo de escribir o repetir obviedades y con el conocimiento limitado que tengo de lo que puede estar realmente ocurriendo, me atrevo a proponer tres acciones estratégicas para maximizar las opciones opositoras en este momento crítico.

Internacionalizar el conflicto a un nivel mayor

Seguir trabajando para aumentar la presión internacional sobre el régimen Maduro. Esto incluye no solo obtener mayor apoyo de la UE y EEUU, sino también comprometer definitivamente a actores estratégicos como Brasil y Colombia y 'apagar' el respaldo que ofrecen actores como China o Turquía. Seguir haciendo uso de tribunas internacionales como el Parlamento Europeo, la OEA y la ONU, para reforzar la narrativa de que el pueblo venezolano ha sido despojado de su voluntad democrática. Impulsar sanciones duras y específicas contra los principales responsables de la represión en Venezuela y fomentar la creación de un bloque latinoamericano que presione por una solución negociada sería crucial.

Movilización y desobediencia civil

Continuar con la movilización civil masiva pero con enfoque pacífico y disciplinado, que deslegitime cualquier uso de la fuerza por parte del régimen. La desobediencia civil organizada, con huelgas, manifestaciones y ocupaciones de espacios públicos, puede aumentar el costo político de la represión para Maduro. Con el exilio de EGU, se debe reforzar el discurso de esperanza y resistencia pacífica, que promueva la cohesión social y apele al sentido de sacrificio colectivo por la libertad.

Fortalecer una coalición aún más sólida e inclusiva

Lo anterior será inútil si no se fortalece la unidad de la oposición y se construye una coalición que incluya a más sectores políticos y sociales, incluyendo a 'chavistas' moderados, representantes de la sociedad civil, grupos económicos que desean un cambio pacífico y sobretodo, seguir acercándose a los sectores populares, tradicionalmente la base de apoyo al chavismo. Debe mostrarse 'flexibilidad' no solo en el discurso sino en la estrategia política, como decía Mandela, 'lo esencial son los principios, todo lo demás son estrategias'. Aceptar que para debilitar a Maduro es necesario un frente común que abarque una base social gigantesca, para desarrollar un movimiento social que el régimen no pueda ignorar o desarticular.

Desde luego, esta base social debe incluir necesariamente a las los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, que han sido el pilar fundamental para sostener a Maduro en el poder. El régimen ha asegurado su lealtad mediante un complejo sistema de beneficios, corrupción interna, control de sectores económicos clave (incluyendo empresas estatales y el contrabando de recursos) y la promoción de una falsa narrativa de defensa de la soberanía frente a presiones internacionales.

Pero, la historia enseña que un ejército es leal al régimen hasta que deja de serlo. Si bien el alto mando militar parece firmemente alineado con el régimen Maduro, es lo que parece, es probable que existan tensiones internas. Sectores de la tropa media y baja y ciertos grupos dentro de la oficialidad podrían estar descontentos debido a las malas condiciones económicas y la falta de oportunidades.

La oposición debe continuar intentando generar simpatías dentro de los mandos medios y bajos de las Fuerzas Armadas, que podrían ser más receptivos a la posibilidad de un cambio si se les garantiza seguridad y protección frente a futuras represalias. Una estrategia de amnistía clara y garantizada para aquellos oficiales y soldados que decidan distanciarse del régimen puede ser un punto de inflexión.

La oposición debe también ser capaz de ofrecer un plan de transición inclusivo que contemple un papel para las Fuerzas Armadas en la Venezuela post-Maduro, sin purgas masivas ni retaliaciones. Esto podría incluir reformas para profesionalizar y despolitizar al Ejército y a los cuerpos de seguridad, como se hizo en la transición política de 1961, junto con incentivos para que estos sectores apoyen un cambio político pacífico.

A medida que la crisis económica se agrava, el descontento dentro de las filas podría aumentar. La oposición debe seguir apelando al patriotismo de los militares y resaltar que la lealtad se debe al pueblo y a la Constitución, no a un régimen ni a una 'corporación' de políticos. En ese sentido, conectar la situación actual con la pérdida de oportunidades para las Fuerzas Armadas y sus familias sigue siendo una posibilidad de abrir grietas en su respaldo al régimen.

Desde luego, también la comunidad internacional puede aumentar la presión sobre los altos mandos militares mediante sanciones duras y específicas dirigidas a quienes se han beneficiado del régimen Maduro. Esto podría incluir restricciones que les hagan reconsiderar su lealtad al régimen. Al mismo tiempo, es importante que se ofrezcan incentivos para que consideren apoyar una transición.

En conclusión, el exilio de EGU plantea nuevos desafíos tanto para la oposición como para la comunidad internacional. Es crucial consolidar la unidad de la oposición, internacionalizar aún más la causa venezolana y movilizar a la ciudadanía de manera pacífica para forzar una transición que permita a Venezuela recuperar su democracia.

En Vigo, el 8 de septiembre de 2024.