En los últimos años, la contratación pública en España ha sido objeto de constantes reformas con el objetivo de asegurar procesos más transparentes y competitivos. En mi reciente publicación, "La prevención de los carteles en la contratación pública", que forma parte del primer número del Anuario Iberoamericano de Buen Gobierno y Calidad Democrática, abordo un tema fundamental para el fortalecimiento del buen gobierno: la lucha contra la colusión en los procesos de licitación pública.
La colusión entre oferentes, también conocida como "carteles", es una práctica en la que las empresas se ponen de acuerdo para manipular los resultados de una licitación, generalmente elevando los precios o limitando la competencia. Esto no solo daña el principio de igualdad entre los competidores, sino que genera un impacto negativo en el gasto público y en la eficiencia de los proyectos financiados con fondos estatales.
En mi análisis, propongo reflexionar sobre las limitaciones históricas del marco normativo en España y los avances introducidos por la actual Ley de Contratos del Sector Público. Para ello, trato los siguientes asuntos:
Las deficiencias de la antigua normativa
Hasta la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, la normativa española presentaba limitaciones claras para prevenir eficazmente la colusión. La Disposición Adicional 23ª del anterior Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no ofrecía mecanismos sólidos para que los órganos de contratación pudieran excluir a los oferentes coludidos. Este vacío legal dejaba el control en manos de las autoridades de competencia, que solo intervenían a posteriori, una vez que los daños ya estaban hechos.
Nuevos mecanismos de control
La Ley vigente, sin embargo, ha introducido herramientas más robustas para enfrentar estos retos. Ahora, los órganos de contratación cuentan con facultades más amplias para detectar y excluir a los participantes coludidos desde el inicio del proceso, mejorando así la prevención antes de que se produzcan efectos negativos.
Prácticas colusorias más comunes
Entre las conductas colusorias que se describen en el artículo, se destacan las ofertas concertadas, el reparto de zonas de actuación y las licitaciones rotatorias, entre otras. Estas prácticas siguen siendo un reto para el Derecho administrativo y requieren una intervención activa para ser prevenidas.
Evaluación de los avances legislativos
A pesar de los avances en la Ley, mi análisis revela que aún existen áreas que necesitan ser fortalecidas, especialmente en lo que respecta a la coordinación entre los órganos de contratación y las autoridades de competencia. Una regulación más proactiva podría evitar que los oferentes coludidos tengan la oportunidad de participar y manipular las licitaciones desde el principio.
Reflexión
final:
Un desafío constante para la contratación pública
Mi investigación subraya que, aunque la actual Ley de Contratos del Sector Público ha introducido importantes mejoras en la prevención de carteles, todavía quedan desafíos por superar. El papel de los órganos de contratación es crucial en la detección temprana de comportamientos colusorios y en la exclusión de aquellos actores que intentan manipular el sistema. Sin embargo, la colaboración con otras entidades reguladoras y un enfoque multidisciplinar son claves para que estas reformas logren su propósito.
Mi artículo no solo pretende describir los avances y limitaciones de la ley, sino también iniciar un debate más amplio sobre la importancia de garantizar la transparencia y la equidad en los procesos de contratación pública.
Si deseas profundizar en los detalles de este análisis y explorar las soluciones que propongo, te invito a leer el artículo completo aquí.
En Vigo, el 2 de octubre de 2024.
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