Venezuela: Del control de daños al vacío democrático

 

En los últimos días y a propósito de los recientes incidentes en Venezuela, se ha consolidado en redes y en ciertos análisis una lectura dominante según la cual las transiciones políticas no comienzan con la legitimidad democrática, sino con el control material del poder. En lo esencial, estos análisis postulan que las transiciones políticas no comienzan con quienes tienen la legitimidad democrática, sino con quienes detentan el poder material. Con unos argumentos u otros, todos intentan justificar la transición sui generis que supuestamente está impulsando.

Conviene precisar desde el inicio que este artículo no cuestiona —necesariamente— la decisión de EEUU de intervenir y capturar a Nicolás Maduro; que será objeto de análisis en alguna próxima publicacion. El debate que sigue se centra exclusivamente en el después de esa intervención.

En casi todos los análisis se propone la premisa de que en una fase inicial de crisis lo determinante no es quién ganó las elecciones o quién representa moralmente al país, sino quién controla las armas, el territorio y la capacidad de desatar o contener la violencia. Desde esa lógica, estos comentaristas se apuntan a justificar que hoy el gobierno de EEUU dialogue con figuras del régimen capaces de “apagar el incendio” y relegue a la oposición democrática a una etapa posterior, cuando el orden y la estabilidad ya estén asegurados. Estos análisis no son ingenuos ni malintencionados. Al contrario: parten de una intuición comprensible y, en buena medida, correcta.

Desde el inicio coincido en algo esencial: en una fase de choque, cuando el aparato armado sigue intacto y el riesgo de violencia es real, el criterio inmediato no puede ser la pureza democrática, sino la contención del daño y la preservación mínima del orden. Negar esa realidad sería irresponsable. Es verdad que en contextos de colapso o transición violenta, la historia muestra que se negocia primero con quienes pueden hacer daño —o pueden seguir haciéndolo— y no necesariamente con quienes tienen razón moral. Sí, es una lógica dura, incómoda, pero real. También es cierto que las figuras del régimen aún en pie suelen representar continuidad administrativa, control de redes duras y capacidad de ejecutar órdenes. Ignorar eso sería imprudente. Hasta ahí, el planteamiento de los comentaristas es funcional y coherente, casi impecable. Pero...

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El problema aparece cuando eso, que es una necesidad táctica, pretende confundirse con legitimidad estratégica. Los análisis explican por qué hoy se dialoga con quienes controlan el fuego, pero deslizan —casi sin advertirlo— la idea de que eso tiene que ser así y que cualquier otra expectativa es emocional o infantil. En ese punto dejan de describir una realidad para empezar a normalizarla y cerrar el horizonte político.

Dicho de un modo más gráfico: apagar un incendio puede ser imprescindible pero asumir que quienes lo provocaron deben quedarse necesariamente a dirigir la reconstrucción es una decisión política distinta, que exige límites claros, condiciones explícitas y una arquitectura de salida verificable. Hablar de condiciones no implica maximalismo inmediato, sino al menos tres elementos mínimos: un horizonte temporal explícito, un mecanismo de supervisión internacional creíble y un rol político no decorativo de la oposición democrática en el diseño de la transición.

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Lo anterior plantea otro problema, menos visible pero potencialmente más peligroso: ¿Qué pasa si los llamados a ser factores de contención no son quienes mandan realmente? ¿Qué ocurre si quienes aparecen como moderados y presuntos cooperadores con el nuevo orden, no controlan en realidad el núcleo duro del poder coercitivo?

Según recientes informaciones difundidas por algunos medios, la CIA recomendó dar el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez ante el riesgo de que María Corina Machado no controlara el ejército. Y Donald Trump decidió apostar por la continuidad del régimen chavista, precisamente, porque cree que así garantiza mejor la estabilidad.

Ahora bien, algunas hipótesis apuntan —y prima facie no parecen disparatadas— a una posible fractura entre un eje político-administrativo, representado por los hermanos Rodríguez —supuestos pragmáticos y con capacidad de gestión y proyección internacional— y un eje militar-ideológico encabezado por Padrino López y Diosdado Cabello, que son quienes controlan realmente a la Fuerza Armada, a los aparatos de inteligencia y a las milicias, ambos son leales a Maduro y podrían culpar a los primeros de haber ”entregado“ a Maduro para asumir el poder y salvar su estatus.

Si se diera esta hipótesis, la transición pactada puede convertirse en un proceso extremadamente frágil. El sector ideológico que controla la fuerza percibiría cualquier gesto de apertura o negociación como una traición y sabotearía la transición desde dentro. Dicho de otro modo: el riesgo ya no sería solo que una transición quede tutelada desde fuera, sino que ni siquiera llegue a consolidarse por dentro. Si quienes han sido llamados a ser bomberos, no son quienes realmente mandan, el incendio no desaparecerá; cambiará de manos. Y ese desplazamiento del poder hacia los sectores más duros puede derivar en una recomposición política más cerrada, más violenta y menos negociable del régimen.

Por eso, no es suficiente reconocer interlocutores funcionales sin identificar con precisión dónde reside el poder coercitivo. Es imprescindible saber quién manda de verdad, quién obedece y quién puede desobedecer sin consecuencias. De lo contrario, la supuesta contención inicial puede desembocar en un endurecimiento posterior que haga aún más costosa cualquier salida democrática.

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Por otra parte, la secuencia por fases que propone uno de los análisis más viralizados —control del caos, reacomodo del poder, legitimación democrática— puede resultar pedagógica y tranquilizadora, al menos para los venezolanos más pacientes. Pero también es peligrosamente finalista. Se nos presenta como si esa secuencia fuera un proceso natural, casi necesario, cuando la experiencia comparada demuestra que muchas transiciones quedaron atrapadas en la fase del “restablecimiento del orden” o, en el mejor de los casos, en un reacomodo permanente del poder.

No es que las fases no existan, sino que las fases iniciales generan inercias propias. En contextos autoritarios, la fase del orden tiende a reproducirse a sí misma si no se le imponen desde el inicio mecanismos de caducidad, supervisión y rendición de cuentas. La mayoría de los análisis que circulan asumen que la fase democrática llegará “si todo va bien”, pero no explica quién la fuerza, con qué incentivos ni frente a qué resistencias. Y en política, los “después” sin fechas ni mecanismos claros suelen convertirse en nunca.

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Algo similar ocurre con el tratamiento del liderazgo civil. María Corina Machado es una figura central que cuenta con amplio respaldo social, y Edmundo González ganó las elecciones con su apoyo, ambos representan hoy una expresión real de la voluntad popular. Es verdad también que no controlan armas ni logística, y nadie sensato plantea que deban asumir el poder ejecutivo en plena fase de choque.

Pero una cosa es ordenar el calendario y otra negar políticamente a quienes cuentan con mandato ciudadano. Esa exclusión prematura no apunta a una transición democrática gradual, sino a una lógica de control que subordina la legitimidad popular a prioridades estratégicas. No se trata de protagonismo inmediato, sino de evitar que el diseño mismo de la transición se haga al margen de quienes cuentan con mandato ciudadano. Invisibilizarlos en las fases iniciales favorece transiciones diseñadas solo desde arriba, con incentivos claros para la autopreservación de quienes ya controlan el régimen.

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En ese mismo orden de ideas, la mayoría de los analistas critican, no sin algo de razón, ese aparente triunfalismo emocional de pensar que “ya cayó Maduro, ahora mandan los buenos”. Pero, aun sin proponérselo, incurren en un sesgo opuesto: el cinismo preventivo. Se nos da a entender que esperar algo distinto a una negociación entre actores armados es ingenuo, casi infantil. Ese realismo llevado al extremo termina despolitizando a la ciudadanía y relegándola a una espera indefinida, en nombre de una estabilidad suprema que siempre se promete, pero rara vez se define. La desromantización es necesaria; la resignación, no.

Vale destacar que la celebración íntima de muchos venezolanos no es resultado del triunfalismo, sino del agotamiento moral tras décadas de soluciones y vías pacíficas bloqueadas. Reconocer ese alivio —aunque la intervención de EEUU implique dilemas jurídicos o geopolíticos complejos— no obliga a renunciar a la vigilancia democrática.

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Quizá el mayor riesgo de uno de los mensajes más viralizados esté en una frase aparentemente tranquilizadora: “hoy se habla con Delcy, mañana con civiles, pasado mañana con el país”. Sí, es una promesa reconfortante, casi una invitación a bajar la guardia, pero carece de plazos, actores y condiciones verificables. En política, esos “mañana” y “pasado mañana” suelen funcionar como recursos retóricos para ganar tiempo. Y el tiempo, en transiciones autoritarias, casi siempre juega a favor de quienes ya controlan el poder.

Una lectura alternativa —y alguien la ha sugerido ya— es que el gobierno de EEUU esté procurando ”alejar“ a la oposición democrática de la operación militar, para evitar que aquella cargue con el costo político o con el estigma de haber promovido una intervención extranjera. Pero, aún si esa fuera la intención, el efecto colateral sigue siendo delicado: la transición podría quedar diseñada por arriba y la oposición, aunque protegida, también podría quedar políticamente irrelevante si no se fijan condiciones tempranas y verificables de incorporación y calendario.

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En conclusión, reconocer la lógica del poder no obliga a renunciar a la exigencia democrática. La Unión Europea y distintos actores políticos internacionales ya reclamaron una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González. Y algunos editoriales internacionales apuntan en la misma dirección que nuestra advertencia: no es evidente que la intervención tenga como fin último la restauración de la democracia en Venezuela.

Es el caso del diario El País, el cual señala que la operación de EEUU revela una lógica de intereses estratégicos y de control, más que una defensa genuina de la democracia, y que la continuidad de figuras del régimen sin una lógica democrática subraya este punto. Perspectiva esta que ratifica la preocupación de que la transición pueda convertirse en una administración tutelada, donde la legitimidad popular queda subordinada a prioridades geopolíticas y de estabilidad funcional.

Y así lo ha confirmado el presidente Donald Trump en una entrevista concedida el 6 de enero a la cadena NBC News: Que no habrá elecciones en Venezuela en los siguientes 30 días —como tendría que hacerse si se aplicara la Constitución de Venezuela ante la vacancia presidencial—, que su gobierno acepta que Delcy Rodríguez siga como presidenta encargada, siempre y cuando ella colabore (sic), y que sus planes se enfocan en reconstruir la infraestructura petrolera, algo que —según él— requerirá miles de millones de dólares y por lo menos 18 meses de plazo.

Muchas de las personas que intentan justificar —o al menos explicar— esta transición lo hacen de buena fe, porque se desea fundamentar la esperanza y evitar más sufrimiento a los venezolanos. Esa intención es legítima y comprensible. Precisamente por eso conviene no confundir esperanza con resignación, ni táctica con destino. No exigir condiciones democráticas desde el inicio no hace la transición más viable; la hace más larga, más opaca y más difícil de corregir después.

Los análisis que hemos comentado en el presente artículo nos ayudan a entender cómo piensa el poder en situaciones límite. Pero pueden resultar incompletos como marco de análisis político. Puede que describan bien el presente inmediato, tal vez inevitable, pero dan por sentado y también por inevitable un futuro y un proceso de transición que no necesariamente está garantizado. El verdadero riesgo de estos análisis no está en lo que afirman, sino en lo que nos invitan a aceptar como inevitable.

Porque si la transición se diseña sin anclas democráticas desde el inicio, el riesgo no es solo retrasar la libertad, sino institucionalizar una nueva forma de poder sin legitimidad, más difícil aún de desmontar.

En Vigo, el 7 de enero de 2026.