Crimen y castigo

El “bien superior“ como coartada

Hay novelas que se leen como historias. Y hay otras que se leen como expedientes. Crimen y castigo, de Fiódor Dostoievski, pertenece al segundo grupo: no porque haya policías y jueces —que los hay—, sino porque convierte la conciencia en tribunal y a su protagonista en imputado, defensor y testigo hostil de sí mismo.

Esto no es un thriller al uso. El misterio no es quién mata: lo sabes desde el principio, incluso antes de abrir el libro. La pregunta es otra, bastante menos cómoda: cómo se vive después. Dostoievski te quita rápido el juguete de la novela criminal y te deja a solas con lo irreversible. Desde los primeros capítulos ya estás dentro del clima mental del crimen. Lo que no sabes —y no lo sabrás hasta que te dejes llevar por la lectura— es cuánto tarda una mente brillante en volverse campo de batalla, y qué forma adopta el castigo cuando no depende de un juez ni de una celda, sino de la propia conciencia.

La novela, entonces, no va de resolver un delito, sino de observar cómo un ser humano intenta justificarse, sostenerse, mentirse. Y cómo el entorno —rostros, palabras, escenas— va cerrando el cerco. Dostoievski no busca el suspenso de “qué pasó”, sino el vértigo de “qué te pasa después”.

Rodión Raskólnikov, estudiante pobre en San Petersburgo, vive al borde de la precariedad, del orgullo y de la humillación. Deambula por una ciudad que no es un simple fondo, es una atmósfera moral. Calor, hacinamiento, tabernas, habitaciones miserables, violencia doméstica, hambre, burocracia. En ese clima, Raskólnikov concibe una idea seductora por su coherencia aparente: si el mundo está mal organizado, si la miseria es estructural y el sufrimiento lo decide una minoría, ¿no podría un acto “fuerte” corregir la balanza?

Se propone el crimen como experimento. Un golpe calculado contra un mal concreto, con la promesa íntima de que el saldo será un bien mayor. Pero la novela no se enamora del acto. Se obsesiona con la resaca. Raskólnikov no huye, entra en un laberinto mental de fiebre, paranoia, orgullo herido, contradicciones, impulsos de confesión, chispazos de ternura real que chocan con lo que hizo. Alrededor, un cerco humano —familia, amistad, pobreza ajena, instituciones— lo obliga a mirarse. Aquí lo importante es la metamorfosis interior de quien lo cometió.

La clave para leer Crimen y castigo con mirada ética-jurídica es que Raskólnikov no mata solo “por necesidad” o “por dinero”. Mata por una teoría moral y eso cambia el tipo de discusión. La tesis, simplificada, es brutal:

La humanidad se divide en personas “ordinarias” y “extraordinarias”. Las primeras obedecen la norma; las segundas empujan la historia o producen un bien superior y, por tanto, podrían estar autorizadas a transgredirla. No por capricho, sino por misión. El crimen se vuelve prueba de pertenencia. Si cruzo la línea sin quebrarme, entonces pertenezco al club de los que “pueden”. Si me quiebro, soy un ordinario más, con sangre en las manos.

Lo fascinante —y a la vez perturbador— es que Dostoievski no discute esa tesis solo con argumentos abstractos. Raskolnikov es su avatar y la confronta con una consecuencia elemental: la ética no es una ecuación limpia, porque el daño no se queda en la víctima elegida. Se dispersa. La realidad introduce variables que la teoría no controla: un rostro no previsto, un testigo, un daño colateral, una cadena de sufrimientos que no estaba en el plan.

Ahí aparece el núcleo humano más duro: el autor del delito descubre que su acto no se juzga solo por el fin que imaginó, sino por el hecho de haber convertido a otro ser humano en instrumento. Dicho sin maquillaje: el otro dejó de ser fin y se volvió medio. Y la conciencia, por más que la mente la intente domesticar con discursos, suele resistirse a esa cosificación.

Desde el Derecho, la novela deja una idea potente: hay un castigo que antecede a la pena estatal. Dostoievski coloca a Raskólnikov en un proceso interno con estructura casi judicial. Primero, la imputación, la culpa como acusación silenciosa. Luego, la defensa, la racionalización del crimen, el relato del “extraordinario”, el intento de probarse a sí mismo que “no fue por mí”, que “fue por algo superior”. Después, la prueba: no forense, sino psicológica —contradicciones, reacciones, lapsos, confesiones a medias—, indicios de un hecho que el cuerpo sabe aunque la mente lo niegue. Y, al final, una sentencia sin juez: vivir contigo mismo después de haber cruzado una frontera.

El problema es que la conciencia puede ser tribunal sin apelación, pero no siempre funciona. Hay conciencias que callan, que se anestesian, que se justifican para siempre. Por eso la novela incomoda tanto, porque no ofrece la moraleja tranquilizadora de “el mal siempre se paga”. Deja una tensión en el aire. Cuando la conciencia despierta, el castigo interior puede ser más feroz que cualquier pena. Cuando la conciencia se apaga, el horror no es la impunidad externa, es la deshumanización interna. Para líderes y juristas, esto es muy actual: el Derecho sanciona conductas, pero la estabilidad moral de una persona depende también de su capacidad de autojuicio. Y esa capacidad es frágil, negociable, puede entrenarse e incluso destruirse.

Dostoievski no rodea a Raskólnikov de secundarios decorativos. Lo rodea de espejos. Cada personaje relevante encarna una forma de estar en el mundo frente al bien y el mal.

Raskólnikov es el laboratorio. Sensibilidad real ante el sufrimiento ajeno y, a la vez, soberbia intelectual que lo empuja a jugar a legislador del mundo. Esa mezcla rompe el cliché del “malo puro”. Y te mete una pregunta incómoda. ¿Una persona es “buena” por sentir compasión y hacer algún acto compasivo, o “mala” por cometer un crimen? La novela no te deja resolverlo con frases bonitas. Te obliga a una distinción poco sentimental y muy útil: los sentimientos importan, pero los actos pesan. La intención puede explicar o atenuar, pero no borra el daño. Y precisamente por eso la historia es peligrosa. Raskólnikov no es un monstruo, es un ser humano complejo. Si él logra justificar el mal con razones nobles, cualquiera puede. Sobre todo quien se cree con derecho a hacerlo.

Porfirio Petróvich, el juez de instrucción, representa una institucionalidad inteligente. No juega al policía de manual. Entiende que en ciertos casos la prueba decisiva no es material, sino existencial. Cómo se sostiene alguien ante la verdad. Porfirio caza con psicología, tira de ironía, paciencia, conversación, presión moral. Y hay una lección jurídica clara. Saber algo y poder probarlo no siempre coinciden. El espacio entre ambas cosas se llena de humanidad, duda, negociación, conciencia.

Sonia es el contrapunto moral más desconcertante. Socialmente está estigmatizada, vive en el margen, pero su núcleo ético es sólido. No necesita teoría para distinguir entre el bien y el mal. En ella aparece una autoridad no institucional: la autoridad de quien sufre y no por ello convierte el sufrimiento en licencia para dañar. Donde Raskólnikov piensa en “extraordinarios” y “bien superior”, Sonia ve rostros. Esa fricción empuja la posibilidad de redención como decisión de dejar de justificarse y empezar a decirse la verdad.

Dunia, la hermana, funciona como límite ético en clave de dignidad. En un mundo donde algunos se prostituyen por necesidad o por conveniencia, ella encarna una moral con fronteras claras. Sí, las circunstancias presionan, pero no convierten todo en justificable. Dunia elige, pone límites, es capaz de resistirse a ciertas opciones, aunque esté bajo presión, pobreza o miedo. No controla el contexto, no decide las cartas que le tocan, pero aún condicionada, decide y se hace cargo de su situación. Las circunstancias le influyen mucho, pero no anulan por completo su libertad moral.

Svidrigáilov es el espejo oscuro: una vida donde la norma interna se volvió negociable. No necesitó teorías grandilocuentes. Cruzó líneas, se acostumbró, hizo de la excepción un estilo. En su arco final, Dostoievski plantea un precio brutal: cuando todo se permite, la vida puede quedarse sin peso. Ya no hay culpa que ordene, ni esperanza que rescate, ni futuro que valga.

A mí la novela me dejó dos ideas que vuelven, porque vuelven siempre. La primera: comprender no es justificar. El relativismo moral es una tentación con traje elegante. La novela incomoda por esa miseria moral extendida, personajes que justifican sus daños, que se compadecen de sí mismos, que se mienten con discursos grandilocuentes o con excusas pequeñas. Duele porque se parece demasiado a lo humano real. Todos conocemos la ingeniería de la excusa: “lo hice por necesidad”, “no tenía opción”, “fue por mi familia”, “fue un acto de justicia”, “el sistema es injusto”, “el otro se lo buscó”. Algunas razones explican. Pero la novela te obliga a sospechar de la explicación cuando se vuelve permiso, licencia para el mal.

La segunda idea es aún más inquietante: las personas no son enteramente buenas o enteramente malas. Podemos ser capaces de ternura y de crueldad, de generosidad y de cálculo. La circunstancia empuja. El hambre, la humillación, el orgullo, el miedo… todo eso pesa.

Es la misma idea que ha propuesto el filósofo José Antonio Marina, más recientemente en su “Biografía de la inhumanidad” (Ariel, 2021). En su análisis, Marina postula que las atrocidades más destacadas del siglo XX no fueron cometidas solo por psicópatas, sino tambien por ciudadanos normales sometidos a procesos lentos de degradación moral que acabaron actuando como si lo fueran.

Para Marina, esa inhumanidad no es un accidente raro, es una posibilidad humana recurrente que emerge cuando fallan frenos culturales, institucionales y psicológicos, y cuando ciertas condiciones —miedo colectivo, odio, deshumanización del otro, obediencia, propaganda, etc.— erosionan ese “barniz moral” que aparentemente nos protege.

Aquí está el punto delicado. Reconocer la complejidad humana puede convertirse en coartada intelectual para no juzgar nada. Ese es el riesgo del relativismo: confundir comprensión con absolución. Comprender motivos no equivale a justificar actos.

Crimen y castigo, leído con sensibilidad jurídica, fortalece esa distinción. El Derecho moderno —al menos en su aspiración— intenta ponderar circunstancias sin diluir la responsabilidad. La novela hace lo mismo, pero con sangre emocional. Aunque te deja entrar en la cabeza del autor, te impide olvidar la gravedad del acto. Y eso, para quien dirige o influye, es una prevención. El mayor peligro no es equivocarte: es construir una narrativa en la que tus decisiones pasan a ser necesarias, inevitables, nobles. Cuando llegas ahí, ya no estás decidiendo: estás justificando.

Por eso Crimen y castigo sigue vigente, porque describe un mecanismo atemporal: la racionalización del mal. Personas inteligentes que cometen errores graves, no por falta de lógica, sino por exceso de autojustificación. Y el poder —en la empresa, en la política, en la vida privada— amplifica ese riesgo. Cuanto más poder tienes, más fácil es creerte “extraordinario”, más tentador es pensar que el fin lo excusa todo y más sofisticadas se vuelven tus excusas.

Se nota hoy día cuando el jefe de gobierno de un país europeo acuerda y defiende pactos moral o institucionalmente discutibles como “precio necesario” para evitar un supuesto mal mayor, sin debatir con rigor qué se sacrifica y a cambio de qué.

O cuando, ante un régimen autoritario, la indignación —justa— se transforma en carta blanca para aceptar cualquier medio de solución. Pienso, por ejemplo, en el debate que abrió la captura de Nicolás Maduro tras una operación de EEUU en Caracas el 3 de enero de 2026. Calificar al régimen venezolano como autoritario, antidemocrático y sistemáticamente violador de derechos humanos, que lo es, puede explicar por qué tantas personas aplauden la acción. Pero la explicación no resuelve por sí sola el problema jurídico y moral: legalidad, proporcionalidad, soberanía, límites del uso de la fuerza. Entender el contexto no equivale a justificar el medio. Comprender los motivos, que los hay, no necesariamente convierte la acción en legítima.

Dostoievski, al final, te recuerda algo incómodo: la factura no siempre llega como castigo externo. A veces llega como erosión interna: pérdida de paz, de verdad, de vínculo con el otro, de sentido.

Las preguntas inevitables son:

¿Hasta qué punto justificamos lo injustificable cuando nos conviene?

Y, si la conciencia es un tribunal, ¿qué hacemos cuando aprendemos a sobornarlo con argumentos?

Te invito a debatirlo, te leo en los comentarios.

En Vigo, el 27 de enero de 2026.

Este artículo se ha elaborado en "diálogo" con un modelo de inteligencia artificial, empleado como herramienta de apoyo en el proceso de redacción y revisión. El contenido y la orientación del texto responden en todo momento a los parámetros, el contexto y las ideas proporcionadas por el autor, quien ha evaluado críticamente cada propuesta y resultado del modelo, ha contrastado formulaciones y ha introducido las correcciones necesarias hasta alcanzar una versión final revisada y aprobada por el autor, quien asume íntegramente la autoría intelectual, la responsabilidad y la defensa de las tesis aquí expuestas.

Venezuela: Del control de daños al vacío democrático

 

En los últimos días y a propósito de los recientes incidentes en Venezuela, se ha consolidado en redes y en ciertos análisis una lectura dominante según la cual las transiciones políticas no comienzan con la legitimidad democrática, sino con el control material del poder. En lo esencial, estos análisis postulan que las transiciones políticas no comienzan con quienes tienen la legitimidad democrática, sino con quienes detentan el poder material. Con unos argumentos u otros, todos intentan justificar la transición sui generis que supuestamente está impulsando.

Conviene precisar desde el inicio que este artículo no cuestiona —necesariamente— la decisión de EEUU de intervenir y capturar a Nicolás Maduro; que será objeto de análisis en alguna próxima publicacion. El debate que sigue se centra exclusivamente en el después de esa intervención.

En casi todos los análisis se propone la premisa de que en una fase inicial de crisis lo determinante no es quién ganó las elecciones o quién representa moralmente al país, sino quién controla las armas, el territorio y la capacidad de desatar o contener la violencia. Desde esa lógica, estos comentaristas se apuntan a justificar que hoy el gobierno de EEUU dialogue con figuras del régimen capaces de “apagar el incendio” y relegue a la oposición democrática a una etapa posterior, cuando el orden y la estabilidad ya estén asegurados. Estos análisis no son ingenuos ni malintencionados. Al contrario: parten de una intuición comprensible y, en buena medida, correcta.

Desde el inicio coincido en algo esencial: en una fase de choque, cuando el aparato armado sigue intacto y el riesgo de violencia es real, el criterio inmediato no puede ser la pureza democrática, sino la contención del daño y la preservación mínima del orden. Negar esa realidad sería irresponsable. Es verdad que en contextos de colapso o transición violenta, la historia muestra que se negocia primero con quienes pueden hacer daño —o pueden seguir haciéndolo— y no necesariamente con quienes tienen razón moral. Sí, es una lógica dura, incómoda, pero real. También es cierto que las figuras del régimen aún en pie suelen representar continuidad administrativa, control de redes duras y capacidad de ejecutar órdenes. Ignorar eso sería imprudente. Hasta ahí, el planteamiento de los comentaristas es funcional y coherente, casi impecable. Pero...

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El problema aparece cuando eso, que es una necesidad táctica, pretende confundirse con legitimidad estratégica. Los análisis explican por qué hoy se dialoga con quienes controlan el fuego, pero deslizan —casi sin advertirlo— la idea de que eso tiene que ser así y que cualquier otra expectativa es emocional o infantil. En ese punto dejan de describir una realidad para empezar a normalizarla y cerrar el horizonte político.

Dicho de un modo más gráfico: apagar un incendio puede ser imprescindible pero asumir que quienes lo provocaron deben quedarse necesariamente a dirigir la reconstrucción es una decisión política distinta, que exige límites claros, condiciones explícitas y una arquitectura de salida verificable. Hablar de condiciones no implica maximalismo inmediato, sino al menos tres elementos mínimos: un horizonte temporal explícito, un mecanismo de supervisión internacional creíble y un rol político no decorativo de la oposición democrática en el diseño de la transición.

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Lo anterior plantea otro problema, menos visible pero potencialmente más peligroso: ¿Qué pasa si los llamados a ser factores de contención no son quienes mandan realmente? ¿Qué ocurre si quienes aparecen como moderados y presuntos cooperadores con el nuevo orden, no controlan en realidad el núcleo duro del poder coercitivo?

Según recientes informaciones difundidas por algunos medios, la CIA recomendó dar el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez ante el riesgo de que María Corina Machado no controlara el ejército. Y Donald Trump decidió apostar por la continuidad del régimen chavista, precisamente, porque cree que así garantiza mejor la estabilidad.

Ahora bien, algunas hipótesis apuntan —y prima facie no parecen disparatadas— a una posible fractura entre un eje político-administrativo, representado por los hermanos Rodríguez —supuestos pragmáticos y con capacidad de gestión y proyección internacional— y un eje militar-ideológico encabezado por Padrino López y Diosdado Cabello, que son quienes controlan realmente a la Fuerza Armada, a los aparatos de inteligencia y a las milicias, ambos son leales a Maduro y podrían culpar a los primeros de haber ”entregado“ a Maduro para asumir el poder y salvar su estatus.

Si se diera esta hipótesis, la transición pactada puede convertirse en un proceso extremadamente frágil. El sector ideológico que controla la fuerza percibiría cualquier gesto de apertura o negociación como una traición y sabotearía la transición desde dentro. Dicho de otro modo: el riesgo ya no sería solo que una transición quede tutelada desde fuera, sino que ni siquiera llegue a consolidarse por dentro. Si quienes han sido llamados a ser bomberos, no son quienes realmente mandan, el incendio no desaparecerá; cambiará de manos. Y ese desplazamiento del poder hacia los sectores más duros puede derivar en una recomposición política más cerrada, más violenta y menos negociable del régimen.

Por eso, no es suficiente reconocer interlocutores funcionales sin identificar con precisión dónde reside el poder coercitivo. Es imprescindible saber quién manda de verdad, quién obedece y quién puede desobedecer sin consecuencias. De lo contrario, la supuesta contención inicial puede desembocar en un endurecimiento posterior que haga aún más costosa cualquier salida democrática.

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Por otra parte, la secuencia por fases que propone uno de los análisis más viralizados —control del caos, reacomodo del poder, legitimación democrática— puede resultar pedagógica y tranquilizadora, al menos para los venezolanos más pacientes. Pero también es peligrosamente finalista. Se nos presenta como si esa secuencia fuera un proceso natural, casi necesario, cuando la experiencia comparada demuestra que muchas transiciones quedaron atrapadas en la fase del “restablecimiento del orden” o, en el mejor de los casos, en un reacomodo permanente del poder.

No es que las fases no existan, sino que las fases iniciales generan inercias propias. En contextos autoritarios, la fase del orden tiende a reproducirse a sí misma si no se le imponen desde el inicio mecanismos de caducidad, supervisión y rendición de cuentas. La mayoría de los análisis que circulan asumen que la fase democrática llegará “si todo va bien”, pero no explica quién la fuerza, con qué incentivos ni frente a qué resistencias. Y en política, los “después” sin fechas ni mecanismos claros suelen convertirse en nunca.

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Algo similar ocurre con el tratamiento del liderazgo civil. María Corina Machado es una figura central que cuenta con amplio respaldo social, y Edmundo González ganó las elecciones con su apoyo, ambos representan hoy una expresión real de la voluntad popular. Es verdad también que no controlan armas ni logística, y nadie sensato plantea que deban asumir el poder ejecutivo en plena fase de choque.

Pero una cosa es ordenar el calendario y otra negar políticamente a quienes cuentan con mandato ciudadano. Esa exclusión prematura no apunta a una transición democrática gradual, sino a una lógica de control que subordina la legitimidad popular a prioridades estratégicas. No se trata de protagonismo inmediato, sino de evitar que el diseño mismo de la transición se haga al margen de quienes cuentan con mandato ciudadano. Invisibilizarlos en las fases iniciales favorece transiciones diseñadas solo desde arriba, con incentivos claros para la autopreservación de quienes ya controlan el régimen.

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En ese mismo orden de ideas, la mayoría de los analistas critican, no sin algo de razón, ese aparente triunfalismo emocional de pensar que “ya cayó Maduro, ahora mandan los buenos”. Pero, aun sin proponérselo, incurren en un sesgo opuesto: el cinismo preventivo. Se nos da a entender que esperar algo distinto a una negociación entre actores armados es ingenuo, casi infantil. Ese realismo llevado al extremo termina despolitizando a la ciudadanía y relegándola a una espera indefinida, en nombre de una estabilidad suprema que siempre se promete, pero rara vez se define. La desromantización es necesaria; la resignación, no.

Vale destacar que la celebración íntima de muchos venezolanos no es resultado del triunfalismo, sino del agotamiento moral tras décadas de soluciones y vías pacíficas bloqueadas. Reconocer ese alivio —aunque la intervención de EEUU implique dilemas jurídicos o geopolíticos complejos— no obliga a renunciar a la vigilancia democrática.

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Quizá el mayor riesgo de uno de los mensajes más viralizados esté en una frase aparentemente tranquilizadora: “hoy se habla con Delcy, mañana con civiles, pasado mañana con el país”. Sí, es una promesa reconfortante, casi una invitación a bajar la guardia, pero carece de plazos, actores y condiciones verificables. En política, esos “mañana” y “pasado mañana” suelen funcionar como recursos retóricos para ganar tiempo. Y el tiempo, en transiciones autoritarias, casi siempre juega a favor de quienes ya controlan el poder.

Una lectura alternativa —y alguien la ha sugerido ya— es que el gobierno de EEUU esté procurando ”alejar“ a la oposición democrática de la operación militar, para evitar que aquella cargue con el costo político o con el estigma de haber promovido una intervención extranjera. Pero, aún si esa fuera la intención, el efecto colateral sigue siendo delicado: la transición podría quedar diseñada por arriba y la oposición, aunque protegida, también podría quedar políticamente irrelevante si no se fijan condiciones tempranas y verificables de incorporación y calendario.

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En conclusión, reconocer la lógica del poder no obliga a renunciar a la exigencia democrática. La Unión Europea y distintos actores políticos internacionales ya reclamaron una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González. Y algunos editoriales internacionales apuntan en la misma dirección que nuestra advertencia: no es evidente que la intervención tenga como fin último la restauración de la democracia en Venezuela.

Es el caso del diario El País, el cual señala que la operación de EEUU revela una lógica de intereses estratégicos y de control, más que una defensa genuina de la democracia, y que la continuidad de figuras del régimen sin una lógica democrática subraya este punto. Perspectiva esta que ratifica la preocupación de que la transición pueda convertirse en una administración tutelada, donde la legitimidad popular queda subordinada a prioridades geopolíticas y de estabilidad funcional.

Y así lo ha confirmado el presidente Donald Trump en una entrevista concedida el 6 de enero a la cadena NBC News: Que no habrá elecciones en Venezuela en los siguientes 30 días —como tendría que hacerse si se aplicara la Constitución de Venezuela ante la vacancia presidencial—, que su gobierno acepta que Delcy Rodríguez siga como presidenta encargada, siempre y cuando ella colabore (sic), y que sus planes se enfocan en reconstruir la infraestructura petrolera, algo que —según él— requerirá miles de millones de dólares y por lo menos 18 meses de plazo.

Muchas de las personas que intentan justificar —o al menos explicar— esta transición lo hacen de buena fe, porque se desea fundamentar la esperanza y evitar más sufrimiento a los venezolanos. Esa intención es legítima y comprensible. Precisamente por eso conviene no confundir esperanza con resignación, ni táctica con destino. No exigir condiciones democráticas desde el inicio no hace la transición más viable; la hace más larga, más opaca y más difícil de corregir después.

Los análisis que hemos comentado en el presente artículo nos ayudan a entender cómo piensa el poder en situaciones límite. Pero pueden resultar incompletos como marco de análisis político. Puede que describan bien el presente inmediato, tal vez inevitable, pero dan por sentado y también por inevitable un futuro y un proceso de transición que no necesariamente está garantizado. El verdadero riesgo de estos análisis no está en lo que afirman, sino en lo que nos invitan a aceptar como inevitable.

Porque si la transición se diseña sin anclas democráticas desde el inicio, el riesgo no es solo retrasar la libertad, sino institucionalizar una nueva forma de poder sin legitimidad, más difícil aún de desmontar.

En Vigo, el 7 de enero de 2026.

Cayó Maduro: ¿Transición democrática o Mutación del régimen?

 

A propósito de la operación militar realizada por EEUU en Venezuela, con los hechos que se conocen en la tarde del 4 de enero (hora de España), mis primeras impresiones son las siguientes:

¿Capturaron a Maduro? ¿Se entregó o lo entregaron?

Una operación de pocas horas, sin resistencia significativa, no es el patrón habitual de la caída violenta de un dictador que aún controla territorio, Fuerza Armada e inteligencia. Si realmente ha sido una captura, sería, objetivamente, una derrota moral severa al régimen pues se envía un mensaje devastador: el líder máximo no fue o no pudo ser defendido. En los sistemas autoritarios, eso es letal para el aura de invulnerabilidad. El miedo cambia de bando, al menos parcialmente.

Ahora bien, llama la atención la aparente facilidad con que han penetrado las fuerzas de EEUU, sin resistencia significativa, sin defensa aérea visible, sin movilización militar alguna, sin contraataque inmediato y sin intento serio de rescate posterior, sugiere cooperación pasiva o activa desde dentro. En regímenes cerrados, las capturas “limpias” suelen implicar traición, pacto o abandono del líder.

En ese sentido, me llama la atención que Delcy Rodríguez apareció solamente para exigir una fe de vida de Maduro, que aparentemente Trump le concedió al enseñar la foto de Maduro detenido en el avión, y me llama la atención que tanto Cabello como Padrino hayan aparecido solamente para pedir —contrariamente a lo esperado— "calma" al pueblo venezolano, que no salir a las calles y que confiara en el liderazgo. A juzgar por las recientes explicaciones de Trump, que comentamos al final de este artículo, Maduro pudo ser traicionado, no tengo certeza, pero puede ser que el régimen ‘entregó’ a Maduro.

El régimen no era ni es Maduro.

El régimen sin Maduro sigue siendo un régimen. La captura de Maduro, prematuramente celebrada por algunos venezolanos como la caída del régimen, no elimina ni el aparato coercitivo ni los incentivos criminales del círculo íntimo. Al contrario, los exacerba. El chavismo gobernante es un sistema, no un hombre. Controla Fuerza Armada, inteligencia, colectivos, tribunales, petróleo y redes criminales. Mientras figuras como los hermanos Rodríguez, Cabello y Padrino López mantengan cohesión y control territorial, el régimen puede sobrevivir incluso sin su figura central, al menos temporalmente. En las primeras horas de hoy, algunos —como yo— temíamos que tras la caída simbólica del autócrata sobreviniera el caos, la violencia o el colapso institucional, y que la operación de los EEUU solo tenía sentido si está subordinada a un plan de transición creíble y sostenible.

En mi caso, estuve pendiente de la reacción de la Fuerza Armada ya que, si el estamento militar interpretaba la captura como una señal de que el régimen ya no puede protegerlos ni garantizarles futuro, podrían producirse fracturas internas silenciosas: neutralidad, desobediencia pasiva o negociaciones discretas. Si era eso lo que ocurría, el régimen entero puede caer. Si no, el régimen se atrincheraría aún más. Y es lo que parece estar ocurriendo de momento toda vez que en la tarde del 4 de enero, el ministro de Defensa de Venezuela reiteró que Maduro es el “presidente constitucional” y refuerza el respaldo del Gobierno a la continuidad del mandatario en el poder.

Así las cosas, al momento de escribir estas líneas hay serio riesgo de endurecimiento terminal. Y es que, paradójicamente, tras la captura de Maduro, el régimen herido pero no derrotado puede volverse más violento. La captura de Nicolás Maduro sin el desmantelamiento inmediato del núcleo duro del régimen —control político, militar y de seguridad— puede generar un efecto de cierre autoritario. Es decir, las figuras que siguen en Venezuela (Cabello, los Rodríguez, Padrino López) tienen incentivos claros para endurecer la represión, cerrar filas, eliminar disidencias internas y enviar un mensaje de control absoluto a la población. Sin Maduro como figura de contención simbólica, los actores restantes —que de momento conservan el control político en Venezuela— pueden recurrir al terror como sustituto del liderazgo perdido. Este es el mayor peligro inmediato para la población, y los venezolanos que aún residen en Venezuela parece que lo entienden mejor que los que residimos afuera, pues nadie o casi nadie en Venezuela ha salido a celebrar en las calles la caída de Maduro, sabiendo que el régimen sigue en control y puede reprimir aún más.

Ahora bien, las recientes declaraciones de Trump apuntan —sin éxito— a eliminar esta preocupación, y además generan otra.

La mutación de régimen.

En su rueda de prensa de la tarde del 3 de enero, Trump afirma que “Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura y adecuada.” Añadió que la Vicepresidenta Ejecutiva del régimen, Delcy Rodriguez, ya asumió o debería asumir el mando en Venezuela y reconoce que ella ha conversado con el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Dice lo siguiente:

“Marco Rubio está hablando con ella (Delcy Rodríguez) y ha mostrado voluntad de seguir nuestra hoja de ruta para el país. Veremos cómo siguen las conversaciones.”

“Marco Rubio está trabajando directamente, está conversando con Delcy Rodríguez y esencialmente ella está dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para que Venezuela sea grande de nuevo...”

A una pregunta sobre si sabe dónde está María Corina Machado, líder legitimada de la oposición democrática venezolana, Trump contestó: ”María Corina es una mujer muy agradable pero no tiene ni el respeto ni el apoyo del país.”

Estas palabras de Trump alteran de forma profunda el marco de análisis y lo desplazan hacia un escenario aparentemente más definido, pero también más inquietante desde el punto de vista democrático. Vamos por partes.

Primeramente, se asume a Delcy Rodríguez como poder efectivo en Venezuela. Que Delcy Rodríguez debe asumir el mando y ser tratada por EEUU como autoridad funcional confirma que el régimen no ha colapsado, sino que ha ejecutado una sucesión interna controlada. Esto parece que descarta el escenario de vacío de poder y refuerza la hipótesis de que la captura de Maduro fue un movimiento quirúrgico dentro de una reconfiguración más amplia del sistema.

Segundo, la “hoja de ruta” estadounidense cambia la naturaleza de la transición. El hecho de que Marco Rubio esté “trabajando directamente” con Delcy implica que la transición no nace de la oposición democrática, sino de una negociación entre Washington y el núcleo superviviente del chavismo. Desde la óptica de estabilidad, reduce el riesgo de violencia, pero, desde la óptica democrática, introduce un problema grave de legitimidad.

Tercero, el lenguaje de Trump es revelador. Cuando afirma que Delcy está dispuesta a “hacer lo que creemos necesario para que Venezuela sea grande de nuevo”, el sujeto político central deja de ser el pueblo venezolano y lo es la arquitectura estratégica de EEUU. Esto confirma que se propone una administración autoritaria tutelada con prioridades geopolíticas (orden, petróleo, migración, seguridad) que dejan en segundo plano la deseada justicia transicional y depuración institucional.

Por último, Trump impulsa —involuntariamente o a propósito— la deslegitimación explícita de la oposición democrática. La referencia despectiva a María Corina Machado es quizá el punto más delicado en las declaraciones de Trump. Al afirmar que “no tiene ni el respeto ni el apoyo del país”, Trump ha desautorizado públicamente a la principal figura de la oposición democrática, alineándose de facto con el relato del régimen. Esto confirma que EEUU no ve —al menos de momento— a la oposición como actor central del proceso, sino como un elemento secundario o incómodo.

En conclusión, todo parece indicar:

• Que la caída de Maduro fue probablemente inducida por el propio régimen pero no era el objetivo final, sino el detonante de una reconfiguración política negociada.

• Que el riesgo de represión caótica persiste o no, depende de lo que quiera hacer EEUU, pero aumenta el riesgo de impunidad estructural.

• Que la transición a la democracia queda postergada, para hacer prevalecer una mutación del régimen que perfila una Administración autoritaria tutelada.

La pregunta ya no es si cayó el régimen de Maduro o no, sino la siguiente: ¿Qué tipo de régimen emergerá? De momento, todo indica que Trump propició una reconfiguración política pactada entre EEUU y el chavismo sin Maduro, con estabilidad como prioridad y democracia como variable negociable.

Para los venezolanos que esperábamos una restitución plena de la soberanía popular, aunque fuera de forma progresiva, lógicamente, esta situación es una noticia agridulce: más estabilidad y tal vez menos sangre, sí; pero también menos democracia y menos protagonismo ciudadano. Salvo que el discurso de Trump sea solo eso, un discurso, o una ‘jugada táctica’ de Trump en dirección a conseguir el objetivo final de la transición.

Nuevamente será necesaria la presión internacional para conseguir el objetivo final, y el reciente Comunicado del Partido Popular en España —que comentaremos en un próximo artículo— es buen ejemplo de ello. La operación militar de EEUU puede convertirse en una oportunidad democrática sólo si va acompañada —de forma rápida y coordinada— de presión internacional sostenida, garantías explícitas para la población civil, incentivos claros para una caída progresiva del régimen y una hoja de ruta creíble hacia una transición política liderada por la oposición democrática que ganó las elecciones en 2024. Si la operación no se traduce rápidamente en una arquitectura de transición creíble, Maduro habrá salido del tablero, la oposición democrática ha sido relegada y el poder político en Venezuela se está redistribuyendo por arriba.

La historia no ha terminado; simplemente ha cambiado de árbitros.

En Vigo, el 4 de enero de 2026.