En septiembre de 2024, una declaración del presidente Pedro Sánchez generó una fuerte controversia: “Vamos a avanzar con determinación con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo”.
Este mensaje despertó inquietudes entre los partidos políticos y buena parte de la sociedad, sobre la calidad democrática del sistema parlamentario español, esto así porque según la Constitución de 1978, el Gobierno en España surge del Parlamento y debe gozar —continuamente— de su confianza para poder gobernar. Así se desprende del artículo 99 que atribuye la designación del presidente al Congreso de los Diputados; del artículo 108 que exige la rendición de cuentas ante el Legislativo; y del artículo 113 que permite al Parlamento censurar y destituir a cualquier miembro del gobierno. Por tanto, una declaración presidencial que proponga gobernar sin el Parlamento desafía el principio democrático y debilita la legitimidad institucional.
Resulta paradójico —por contradictorio— que tras su investidura en 2023, Sánchez haya invocado el principio parlamentario y defendido su legitimidad con el argumento de su capacidad para construir una mayoría parlamentaria, aún sin ser su partido el más votado, pero solo un año después postule que gobernará con o sin el respaldo del poder Legislativo, ese mismo que le dio su confianza y lo invistió. Semejante disonancia refuerza la percepción de oportunismo político y erosiona la confianza en el liderazgo.
Desde un punto de vista jurídico, la declaración de Sánchez carece de viabilidad. El Gobierno puede recurrir a decretos-leyes en situaciones de “urgente y extraordinaria necesidad” (art. 86 CE), como en efecto lo hace regularmente, pero precisamente por un principio parlamentario, estas normas requieren la convalidación del Congreso en 30 días. Abusar en el ejercicio de esta potestad constitucional, como en efecto ha ocurrido, genera tensiones políticas y deriva en recursos de inconstitucionalidad. El Ejecutivo dispone también de la potestad reglamentaria, pero esta vía no puede regular materias reservadas al Parlamento ni reemplazar normas con rango de ley.
La amenaza real de esta declaración de Sánchez es su impacto simbólico a largo plazo. Este tipo de discurso resta legitimidad al Parlamento, lo presenta a la sociedad como una dificultad del sistema, un elemento perturbador, en lugar de lo que es: la fuente de legitimidad democrática del gobierno, con la función de representar la voluntad popular y controlar al poder Ejecutivo (sí, ser restrictivo —como disgusta al presidente— es una consecuencia natural de la función de control). Además, crea un precedente peligroso del que podrían prevalerse futuros gobiernos con tendencias iliberales o menos democráticas.
A pesar de estos riesgos, España ha contado —de momento— con importantes contrapesos. Entre ellos, la jurisdicción constitucional y contencioso-administrativa, que puede anular normas inconstitucionales; un Parlamento que, aunque imperfecto, conserva su capacidad de supervisar al Ejecutivo; y la vigilancia activa de la sociedad civil, los medios de comunicación y el marco institucional europeo, que refuerzan los valores democráticos.
La declaración de Pedro Sánchez, sin ser una amenaza inmediata, es un elemento retórico que compromete la calidad democrática. Gobernar en un sistema parlamentario requiere respetar al Legislativo como pilar central de la legitimidad institucional. El reto está en cómo las instituciones democráticas, los partidos y la sociedad civil responden a cualquier intento de concentrar poder en el Ejecutivo.
4 de febrero de 2025.
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