Desde hace años, el movimiento de resistencia en Venezuela ha sido acusado de "golpista" y de actuar al margen de la Constitución. Este discurso ha sido amplificado tanto por la propaganda del régimen gobernante como por algunos sectores de la comunidad internacional, que han insistido en que la única vía aceptable para sustituir al régimen de Maduro debía ser la electoral y pacífica. O sea, ¡compitan en las elecciones y gánenlas! Es lo que han hecho reiteradamente los partidos de oposicion en Venezuela, sin conseguir cambios sustantivos.
Cuando la oposición ha ganado algunas gobernaciones y alcaldías, el Régimen ha reconocido su derrota, pero sólo por mera apariencia de democracia, porque rápidamente reformó leyes para usurpar competencias de los estados y municipios o designó "protectores" que, con recursos y facultades paralelas, limitaron a las autoridades electas .
Cuando la oposición consiguió la mayoría suficiente en la Asamblea Nacional para legislar y controlar al Régimen, el régimen creó una Asamblea Constituyente fraudulenta y utilizó al Tribunal Supremo, controlado por el oficialismo, para anular al Parlamento legítimo.
Cuando Maduro ha perdido elecciones presidenciales, se las ha 'robado' sin que la oposición haya podido documentarlo y evidenciarlo de manera concluyente... Hasta ahora...
Los eventos ocurridos en julio de 2024 han marcado un punto de inflexión en esta narrativa. María Corina Machado, anticipando este escenario, estructuró una organización opositora para documentar y evidenciar cómo el régimen manipula las elecciones, utilizándolas como herramienta para perpetuar su poder y no como un mecanismo de legitimación democrática. Aunque Edmundo González obtuvo una victoria incontestable, ampliamente reconocida por la comunidad internacional y respaldada por gobiernos y organismos extranjeros, el Consejo Nacional Electoral, subordinado al régimen, proclamó fraudulentamente a Maduro como ganador. Este fraude, sumado a años de manipulaciones similares, confirma que las vías exclusivamente pacíficas y electorales son insuficientes para restaurar la democracia en Venezuela.
¡Es momento de cambiar la narrativa!
Frente a esta realidad, el discurso tanto nacional como internacional debe evolucionar. No es razonable seguir exigiendo al movimiento de resistencia que insista únicamente en la vía electoral como solución a la crisis de legitimidad del régimen. Esto no implica abandonar los principios democráticos, sino reconocer que en un estado donde las instituciones han sido sistemáticamente secuestradas, la resistencia activa no solo es justificable, sino necesaria. Es una situación de necesidad, en sentido que le atribuyó MAQUIAVELO.
"La necesidad puede adquirir diferentes significados en las obras de Maquiavelo. Uno es la 'presión del acontecer';... otro sentido es la 'situación de necesidad', es decir, una situación en la que se abre un único camino a la acción,; o dicho de otra manera, es la circunstancia en que la deliberación sobre los medios queda anulada... La necesidad de algún modo 'libera' al actor de la situación jurídica y moral normal, a través de la excepción... Ahí está in nuce la teoría de la razón de Estado... Lo políticamente bueno procede de lo necesario... Lo que es moralmente injusto en un caso normal, puede no serlo en la excepción..." (Véase Montserrat Herrero, Filosofía política de la antigüedad al mundo contemporáneo, RIALP: Madrid. 2024. Págs. 213-216. Subrayado y negrilla añadidos).
Los actores principales del Régimen deben asumir que aunque controlen el poder de facto, carecen de legitimidad y gobiernan al margen de la Constitución. Que Maduro haya vuelto a tomar posesión en enero de 2025 no altera esta realidad, ¡su mandato es írrito! Que algunos actores públicos relevantes como gobernadores, alcaldes o rectores de gremios y universidades, adopten posturas meramente pragmáticas que implican un aparente reconocimiento a Maduro no lo legitima constitucionalmente. Estas acciones, aunque controvertidas y tal vez difíciles de comprender, responden sencillamente a la necesidad de preservar los intereses de las comunidades o sectores que representan, frente a circunstancias que no controlan. Sin embargo, este engañoso reconocimiento no altera la ilegitimidad de origen del régimen y su caída sigue siendo un desenlace inevitable.
Deben asumir, no les queda más remedio, que su permanencia en el poder terminará por cualquier vía, aunque no sea solamente electoral. Que probablemente hay planes para deponer al régimen, sí, y que esos planes son legítimos. Que nadie respetable en Venezuela o en la comunidad internacional lamentará su caída ni protestará su enjuiciamiento, porque lo considerarán legítimo. Y que sólo una transición pacífica y acordada podría evitarles su enjuiciamiento penal.
"Es
hora de hacer lo necesario para restituir la Constitución"
María
Corina Machado
Esta nueva narrativa plantea una cuestión fundamental: ¿es justificable y legítimo que los venezolanos consideren otras vías, incluidas las no electorales, para restituir la Constitución y restaurar la democracia?
Pensadores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau justificaron el derecho de los pueblos a rebelarse contra un gobierno que viola los principios del contrato social. En su obra "Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil", Locke afirmó que cuando un gobierno se convierte en tirano y no protege ni respeta los derechos naturales de los ciudadanos (vida, libertad y propiedad), los ciudadanos tienen el derecho y el deber de derrocarlo. Y que sólo el ejercicio real y efectivo del derecho de rebelión puede liberar al pueblo de una tiranía. Rousseau, por su parte, planteó en "El Contrato Social" que un gobierno ilegítimo pierde toda autoridad sobre el pueblo y legitima la desobediencia y la rebelión como vía para restaurar la soberanía popular.
Está claro que el Régimen de Maduro ha devenido en tiranía y ha roto el contrato social al imponer un gobierno de facto que viola derechos fundamentales y secuestra las instituciones democráticas. Por lo tanto, la resistencia activa emerge como una respuesta legítima para restituir el orden constitucional. Reconozco que esta idea es controversial y los tiranos se valen precisamente de esa polémica para preservar el status quo, utilizando la propaganda para desprestigiar a los movimientos de resistencia y reprimir a sus ciudadanos.
También el artículo 350 de la Constitución venezolana reconoce a los ciudadanos este derecho a resistir en defensa del orden constitucional, facultando medidas de resistencia activa frente a regímenes que vulneren los principios democráticos. Este derecho trasciende a la mera desobediencia civil y se admite como un recurso extraordinario destinado a restituir el estado de derecho en situaciones de ruptura institucional, como la que enfrenta Venezuela. Su justificación radica en la necesidad de proteger los valores republicanos fundamentales cuando estos han sido sistemáticamente violados. Y así lo admite también el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948):
"Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión."
Ambos preceptos proporcionan un marco jurídico y ético que claramente legitiman la resistencia activa como medio para restaurar la constitución, la democracia y los derechos fundamentales. Ejemplos históricos como el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 1958, depuesta tras un movimiento cívico-militar que buscaba restaurar la democracia en Venezuela, hasta el reciente derrocamiento de Bashar al-Ásad en Siria, resultado de un levantamiento popular sostenido por años de resistencia civil y presión internacional, ilustran cómo la resistencia activa es admitida como medio legítimo para enfrentar regímenes que han devenido en tiranías.
Para cambiar la narrativa, es crucial reforzar que el movimiento de resistencia en Venezuela es legítimo y actúa dentro del marco ético y constitucional, para restaurar la democracia y la Constitución. Esto implica: documentar y divulgar (aún más) las pruebas del fraude electoral y de la represión, para mantener la presión sobre el régimen; destacar que la resistencia activa es un derecho y deber constitucional frente a un gobierno ilegítimo; y comunicar este mensaje de forma clara a los venezolanos y a la comunidad internacional, buscando apoyo de gobiernos y organismos para legitimar las acciones hacia la democracia.
En conclusión
El derecho de resistencia activa ha emergido en Venezuela como una respuesta legítima y necesaria frente a un régimen ilegítimo. Este cambio de narrativa debe ser asumido no solo por los venezolanos, sino también por la comunidad internacional. La restauración de la democracia requiere todas las herramientas disponibles y la comunidad internacional no puede seguir exigiendo a los venezolanos que la solución sea exclusivamente pacífica o electoral, ni que la solución sea un problema sólo un asunto entre los venezolanos (salvo que se esté incitando a una guerra civil).
A la tiranía debe hacérsele entender que su permanencia está condenada, que slo una transición acordada podría ofrecerles una salida pacífica y evitar la responsabilidad penal. La resistencia activa es legítima y el futuro de la democracia venezolana depende de que este mensaje sea claro y contundente.
27 de enero de 2025
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